Mientras el presidente de la república, Fernando Lugo, vetaba, el lunes pasado, el proyecto de Ley de pensión para adultos mayores, Augusto Riquelme, de 72 años de edad, seguía suplicando limosnas en el semáforo de la avenida Mariscal López, de Asunción.
Don Augusto ni se enteró siquiera de la existencia de tal posible beneficio estatal, y tal vez nunca se entere, ya que la noticia más cercana y permanente que tiene es un “no” de los automovilistas cuando pide unas moneditas, haciendo señas en las ventanillas y mostrando un afiche con garabatos que apenas dejan entender su necesidad. Pero qué importa si sabía o no -como le estará ocurriendo a otros cientos de desinformados. Lo relativo hubiese sido, que termine siendo un nuevo beneficiado con este emprendimiento legislativo.
Esta propuesta establece una pensión mensual no inferior a una cuarta parte del salario mínimo para todo paraguayo natural, mayor de 65 años de edad, en situación de pobreza. Es decir, unos 335.000 guaraníes mensuales, monto que tampoco es suficiente, pero al menos serviría para la compra de medicamentos.
No va a alcanzar a todos -por cierto- pues el beneficio no llegará a las personas que tengan deudas con el Estado o reciban remuneración del sector público o privado, por lo que se reduce la torta presupuestaria.
Como un balde de agua fría, Lugo, mediante el Decreto presidencial número 2.050, le dio la espalda a las personas adultas mayores, en situación de pobreza, negándoles el derecho a la pensión alimentaria, alegando falta de financiamiento.
Lamentablemente, el gobierno nacional hizo la vista gorda a atender a este sector vulnerable de la población, que hasta hoy carece de la capacidad de nucleación social y ministerial. Lugo se escudó en que con la Ley se pondrá en riesgo el cumplimiento de los planes y compromisos asumidos con la ciudadanía. En verdad, ¿no hay plata para los adultos mayores pobres como lo hay para otros sectores o para los “viajes ejecutivos”?
Ojalá el Congreso Nacional replantee la cosa, rechace el veto presidencial y ratifique la Ley. Cabe recordar que la ley vetada fue aprobada por el Parlamento el 30 de abril pasado y fue recibida por la Presidencia el 7 de mayo. Lleva dos años de estudios.
Ya no se puede ignorar a este segmento de la población. Lamentablemente hasta hoy día no se ha garantizado a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia que deben brindarle, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.
Sí, lamentablemente, hasta hoy, solo existen esfuerzos dispersos a favor de la tercera edad. No se ha creado aún un ministerio que se ocupe de este sector, centralizando y atendiendo sus necesidades para satisfacerlas.
Es hora de que los poderes del Estado sienten las políticas sociales, que promuevan un auténtico desarrollo humano con equidad para generar los lineamientos de una sociedad para todas las edades, para que ya no existan más casos como el de don Augusto Riquelme, que depende de las limosnas para vivir.
Ojo, eh.
publicado en el diario La Nación, el jueves 21 de Mayo del 2009
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